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Brasil: Frenar a la ultraderecha

Racista, xenófobo, misógino, machista, ultraconservador… fascista. Así ha sido identificado Bolsonaro y su equipo más cercano, constituido por apologistas de la sanguinaria dictadura militar (1964-1985) que reprimió, asesinó, torturó y desapareció a miles de brasileros. Él mismo no tuvo empacho alguno, en 1993, a decir desde el podio de la Cámara de Diputados: «¡Sí, estoy a favor de una dictadura!», en defensa de ese régimen militar, y «¡Nunca resolveremos los graves problemas nacionales con esta democracia irresponsable!». Su ultra conservadurismo ha llevado a la BBC News calificarlo como más de derecha que Trump.

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por: Guido Proaño A.

La atención política ahora se centra en Brasil. Los resultados de las elecciones del pasado 7 de octubre han atizado el interés por entender qué ocurre en ese país y que sucederá luego del 28 de octubre, cuando se cumpla la segunda vuelta electoral.

Se preveía en esta primera ronda el triunfo de Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal; pero ningún estudio estimaba que llegue a ese 46% de la votación, muy cercano a “meterse” la presidencia en primera vuelta. La situación es tan compleja que la suma de los votos obtenidos por las tres candidaturas que se encuentran detrás apenas superan al ganador con algunas décimas.

La mutación de mapa electoral brasilero es evidente desde 2002 —cuando Lula da Silva gana por primera vez la presidencia— hasta estas elecciones. El PT ha sido desplazado de varios estados, pero mantiene el noreste como su granero de votos. Hasta ahora.

¿Qué ocurre en el pueblo brasilero para que vote como lo ha hecho? Bastante material tienen los analistas para ensayar interpretaciones y conclusiones. Y para muchas especulaciones también.

El pueblo ha dado una respuesta a lo que ha vivido en los últimos años y eso nos lleva a pensar en el grado de responsabilidad del PT en lo ocurrido. Quienes en el curso de los últimos años abandonaron al partido de Lula lo hicieron, entre los diversos motivos que se pueden asumir, por frustración y desencanto. Los anteriores procesos electorales (de gobernadores y municipios) prendieron las alertas de lo que estaba ocurriendo, inclusive antes de que surjan las acusaciones de corrupción contra Lula y otros dirigentes petistas.

De las elecciones municipales de 2016 salieron como los grandes perdedores, tendencia que se manifestó ya en 2014 cuando Dilma Rousseff ganó en segunda vuelta con estrecho margen, pero desacumulando en sectores que eran sus bastiones, como algunos centros industriales.

Los escándalos de corrupción como el caso “Lava Jato” —Brasil no podía ser la excepción en los denominados gobiernos progresistas— aceleraron el menoscabo de confianza de la población frente a un gobierno que, desde sus primeros años, habló mucho de los trabajadores y el pueblo pero gobernaba junto a los empresarios y para beneficio de éstos. Todos los vicepresidentes de la República que llegaron con el PT han estado vinculados a los grupos empresariales y financieros.

No existe la intención de ocultar la gestión cumplida por Lula en el ámbito social, que aseguraron los réditos políticos que se mostraron hasta las elecciones de 2012, pero no es menos cierto que el PT gobernó guiándose por las fórmulas impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

En su primer gobierno, Lula aplicó la política de superávits fiscales por encima de lo exigido por el FMI, elevó las tasas de interés referencial para –según él­– combatir la inflación y garantizar confianza a los mercados y a los inversores; en el 2005 canceló toda la deuda con el FMI.  El aumento de la demanda mundial de materias primas alentó la economía brasilera, como ocurrió también en otros países, como el nuestro, elevando los índices de crecimiento económico y, con ello, el prestigio de quienes llevaban a Brasil a una situación que durante muchos años ha sido el sueño de la gran burguesía: convertirle en una de las mayores economías del planeta.

En las elecciones de 2014, Rousseff advirtió que su contrincante, Aécio Neves, tenía la intención de aplicar un «plan de ajuste neoliberal» si ganaba la presidencia. Y el ajuste vino, pero por acción de las misma Rousseff. Se rodeó de un gabinete con gente de clara orientación de derecha, como Joaquim Levy en el ministerio de Hacienda, que fue ya funcionario de Lula y, antes, del FMI. Popularmente le conocían como Manos de Tijera por su fascinación por recortar el gasto público; también estuvo allí, Katia Abreu, «Miss Deforestación», en el ministerio de Agricultura.

Vinieron los recortes en inversiones públicas, gasto estatal (incluido partidas en educación y salud); se endurecieron las condiciones del crédito; se devaluó el real, lo que significó una reducción del salario.

Y vino la crisis política por los escándalos de corrupción y el descenso en los índices de crecimiento económico. Llegó la recesión… y los problemas sociales se agudizaron. Cuando Dilma fue desalojada de la presidencia había 12 millones de desocupados; la tasa de desempleo creció de 6,55% en 2014 a 11,2% en 2016; la deuda pública representaba el 78,4% del Producto Interno Bruto, misma que cuando Rousseff llegó a la presidencia era del 56%. Destituida Dilma, asume Michel Temer, su vicepresidente, y llevó al país a una situación aún más compleja.

Cómo no va a existir un resentimiento de la población con el PT si éste ha jugado con su confianza, con sus expectativas, con sus anhelos de cambio; si al cabo de años queda en evidencia que la ética política del PT no difiere de la ética burguesa. Por eso los resultados de Fernando Haddad, por eso Dilma Rousseff no pudo ganar el escaño para el Senado, ni el candidato del PT en Sao Paulo y pierden en los estados más importantes.

En Brasil sale airosa una campaña sucia, que ha llevado a pensar a muchos que «es preferible un presidente homofóbico o racista a uno que sea ladrón». En la misma lógica de pensamiento, aquí hemos escuchado que «con tal que haga obra, no importa que se robe la plata» ¿Paradojas de la vida? No. Simple y dolorosamente es una expresión de la manipulación política que los grupos de poder ejercen sobre el pueblo, aprovechando los límites de su consciencia política.

Ese es uno de los componentes de este fenómeno político, otro u otros tienen que ver con la acción de las fuerzas de la derecha. Éstas probaron con una y otra figura en los procesos presidenciales anteriores, pero ahora tienen éxito con un personaje que, a pesar de querer presentarlo como un outsider, en realidad se trata un político que ha cumplido varios períodos en la Cámara de Diputados.

Racista, xenófobo, misógino, machista, ultraconservador… fascista. Así ha sido identificado Bolsonaro y su equipo más cercano, constituido por apologistas de la sanguinaria dictadura militar (1964-1985) que reprimió, asesinó, torturó y desapareció a miles de brasileros. Él mismo no tuvo empacho alguno, en 1993, a decir desde el podio de la Cámara de Diputados: «¡Sí, estoy a favor de una dictadura!», en defensa de ese régimen militar, y «¡Nunca resolveremos los graves problemas nacionales con esta democracia irresponsable!». Su ultra conservadurismo ha llevado a la BBC News calificarlo como más de derecha que Trump.

Defensor abierto de los sectores más acomodados, del gran capital, de la mano dura contra el pueblo; sin embargo entre sus electores también están campesinos empobrecidos, afrodescendientes que viven en los barrios pobres, mujeres y no únicamente de sectores acomodados o medios, jóvenes… La enorme ofensiva que no inició con el período electoral, sino que viene desde hace mucho tiempo dio su efecto. Invirtieron millones en propaganda para engañar a la gente. Entre sus armas están las fake news ­—recurso utilizado también por Trump en los EEUU­— que se propagaron profusamente en redes sociales, claro está, también con una millonaria inversión.

En Brasil sale airosa una campaña sucia, que ha llevado a pensar a muchos que «es preferible un presidente homofóbico o racista a uno que sea ladrón». En la misma lógica de pensamiento, aquí hemos escuchado que «con tal que haga obra, no importa que se robe la plata» ¿Paradojas de la vida? No. Simple y dolorosamente es una expresión de la manipulación política que los grupos de poder ejercen sobre el pueblo, aprovechando los límites de su consciencia política.

Tras el triunfo de Bolsonaro está una millonaria inversión, el apoyo de  todos los sectores reaccionarios, sectores empresariales y financieros, los grandes grupos mediáticos, las iglesias evangélicas y pentecostales. «Bolsonaro es quien mejor defiende nuestras banderas» contra el aborto y la llamada <ideología de género>, la defensa de la familia tradicional y de las <buenas costumbres>, dijo Josimar da Silva, presidente del Consejo de Pastores Evangélicos del Distrito Federal.

Los dueños del capital han iniciado sus festejos. Al día siguiente de las votaciones el mercado brasileño subía, en su principal índice, un 3,85%. En Wall Street también están contentos, Fernando Losada, analista de la firma Alliance Bernstein (firma global de gestión de activos) señala que la satisfacción de Wall Street se debe al equipo económico del candidato del PSL, liderado por Paulo Guedes, un economista netamente liberal graduado en la Universidad de Chicago y «muy apreciado en el mundo financiero». «El mercado anticipa que Guedes será el garante de la conducción económica», señaló Losada a Infobae. Siobhan Morden, estratega para América Latina de Nomura Securities (holding financiero japonés) asegura que «hay una alta probabilidad de que avance con una reforma del sistema previsional de Brasil».

Declaraciones como estas abundan, muestran cómo los grandes capitalistas en Brasil y a nivel mundial se frotan las manos ante un eventual triunfo de la ultraderecha. Si ellos están contentos ya sabemos que las amarguras las cargarán los trabajadores y el pueblo.

El escenario se torna aún más complejo. Con la polarización política existente, no es difícil prever que, con cualquiera que sea el resultado de la segunda vuelta, se abrirá un nuevo momento de la ya existente crisis política.

Ahora, las fuerzas progresistas, el movimiento popular tienen la responsabilidad de encontrar los mecanismos para frenar a la ultraderecha.

A igual trabajo igual remuneración

Aquí hay un problema que muchos no quieren ver: la moral de los empresarios que han encontrado en la desesperación de los migrantes la oportunidad para amasar mayores ganancias. La lógica del capitalismo se manifiesta de manera clara: reducción de salarios para elevar la tasa de plusvalía.

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por: Guido Proaño A.

Como garantía básica en las relaciones laborales, este principio aprobado por la Organización Internacional del Trabajo hace casi 70 años suena muy bien, sin embargo no tiene plena aplicación aquí y en muchos otros países. Eso ocurre generalmente con declaraciones enfáticas de esa índole, debido a que al mismo tiempo no se crean condiciones prácticas para la realización de esos principios.

Las diferencias salariales en nuestro país, entre hombres y mujeres, son en promedio de un 25% en contra de éstas últimas, según establece un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC.  Hablamos de promedio, pues, hay sectores en los que la brecha llega a un 70%. Esta media nacional es tres puntos superior a la mundial.

El movimiento de mujeres tiene como una de sus reivindicaciones la aplicación de este principio, pues, los niveles de explotación laboral son aún mayores en el sector femenino. Afortunadamente, esta injusticia social no ha provocado el surgimiento de opiniones en el sentido de que las mujeres «quitan el trabajo a los hombres» debido a las diferencias salariales, como se plantea ahora por la presencia de migrantes venezolanos que se ven obligados a laborar por salarios más miserables que los oficialmente establecidos; pero, lamentablemente, a su vez, esa injusticia es vista por la sociedad como algo «normal».

A medida que el número venezolanos crece en el país, toman fuerza opiniones y comportamientos xenófobos que aquí se los conocía principalmente por lo que ocurría y ocurre en otras latitudes, con los migrantes africanos en Europa por ejemplo o por lo que vivieron muchos de nuestros compatriotas que dejaron el país para encontrar una mejor vida en otras regiones. No podemos olvidar que hay alrededor de tres millones de ecuatorianos en el exterior.

Se quiere culpar a los migrantes de las difíciles condiciones de vida que enfrentamos los ecuatorianos, siendo éstas un fenómeno histórico y no circunstancial, y se acepta como normal que los empresarios contraten mujeres con salarios más bajos, que evadan impuestos y hasta obtengan el perdón de sus deudas con el Estado.

En estos días se conoció los resultados de una inspección efectuada por el Ministerio del Trabajo en 600 empresas, alrededor del 60% de éstas tenían contratados extranjeros en situación irregular. Así evaden la inscripción de contratos, la afiliación al seguro social, fijan salarios más bajos y por lo tanto sus utilidades crecen. Quienes contratan migrantes en esas condiciones pagan salarios inferiores en un 30% al oficialmente establecido.

Aquí hay un problema que muchos no quieren ver: la moral de los empresarios que han encontrado en la desesperación de los migrantes la oportunidad para amasar mayores ganancias. La lógica del capitalismo se manifiesta de manera clara: reducción de salarios para elevar la tasa de plusvalía.

Los empresarios hacen con los migrantes lo que quieren establecer en las relaciones laborales de manera oficial: precarizar del trabajo. Para ello cuentan ya, por ejemplo, con mecanismos como el denominado «trabajo discontinuo», las «jornadas especiales y de temporada» que no garantizan estabilidad laboral y limitan el ejercicio de otros derechos como la libre asociación y la contratación colectiva.

Se quiere culpar a los migrantes de las difíciles condiciones de vida que enfrentamos los ecuatorianos, siendo éstas un fenómeno histórico y no circunstancial, y se acepta como normal que los empresarios contraten mujeres con salarios más bajos, que evadan impuestos y hasta obtengan el perdón de sus deudas con el Estado.

«La igualdad, la no discriminación en el empleo y la ocupación es un principio, derecho fundamental y un derecho humano de todas las mujeres y los hombres, en todos los países y todas las sociedades» se puede leer en muchas proclamas, convenios, discursos. Al fin y al cabo, el papel aguanta todo.

Foto: El Comercio

 

 

 

De la revolución ciudadana al progresismo moderno

Lenín Moreno se autocalifica como “progresista moderno”. Busca ubicarse en una tercera posición, distanciado de los gobiernos tipo Macri, Temer o Piñera, pero también de los llamados “progresistas” Maduro o Morales.
Sus ejecuciones le ubican como cabeza de un gobierno al servicio de los poderosos grupos empresariales.

Moreno y Correa

Por: Guido Proaño A.

Detrás de la pelea entre Lenín Moreno y Rafael Correa, matizada por insultos y calificativos como traidor y corrupto –que no dejan de ser cierto en los dos casos–, se esconden muchos aspectos que evidencian que su semejanza y cercanía política es mayor que sus desavenencias.

Correa, agazapado en Bélgica, intenta articular un discurso de oposición al gobierno desde supuestas posiciones de izquierda, aprovechando que Moreno en el plano económico adopta medidas que favorecen a los grandes empresarios y a los capitales internacionales, como se establece en la Ley de Fomento Productivo, y afectan a los hogares ecuatorianos, como con la anunciada elevación de los combustibles que, a más del golpe que esa sola medida provoca, trae consigo un gran efecto inflacionario.

Eso y los acercamientos con el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno de los Estados Unidos, los esfuerzos por avanzar en negociaciones de tratados de libre comercio (iniciadas por su antecesor, Rafael Correa), la desesperada búsqueda de préstamos e inversiones extranjeras, los anuncios de privatizaciones de empresas estatales, la presencia en su gabinete ministerial de personajes directamente vinculados con poderosos grupos económicos ha motivado –y con sobra de razones– las críticas de distintos sectores que identifican en su gestión el reverdecimiento del neoliberalismo.

A Moreno le incomoda esa etiqueta y en su reciente visita a España optó por autocalificarse como “progresista moderno”. Busca ubicarse en una tercera posición, distanciado de los gobiernos tipo Macri, Temer o Piñera, pero también de los llamados “progresistas” Maduro o Morales.

Hace algunos meses, para que no quede duda  de la naturaleza de su pensamiento económico y político, en una reunión –también con empresarios– habló de la “cuadratura del socialismo del siglo pasado”, uniéndose así a la campaña que en todo momento y en todo lado las fuerzas del capital lanzan en contra del socialismo marxista. Exactamente, Moreno llamó a “abandonar la cuadratura del socialismo del siglo pasado y emprender un nuevo socialismo, moderno, incluyente”. El “progresismo moderno” que lo acaba de inaugurar, según su definición, contiene como ejes fundamentales la política a favor de los más necesitados, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la apertura económica. En la reciente convención de Alianza PAIS también se establecieron esos parámetros para su definición ideológico-política.

No es posible encontrar diferencia de fondo entre esos ejes planteados por Moreno con el contenido de las propuestas levantadas por cualquier gobierno liberal, neoliberal, de derecha.  Rafael Correa y Alianza PAIS hablaban el mismo lenguaje respecto de lo que era la denominada “revolución ciudadana”, claro que Moreno va más atrás porque se atreve a plantear el objetivo de la “apertura económica”, que si bien no formó parte fundamental del discurso de Correa, sin embargo la ejecutó muy bien, particularmente en relación a las inversiones chinas y en los ámbitos minero, petrolero, eléctrico, servicios.

La desfiguración conceptual que Moreno y Correa realizan del socialismo es absoluta, y tiene como propósito desnaturalizar la esencia de lo que éste es en realidad; pero más graves son los daños que la ejecución de su política provoca, porque sus resultados están sirviendo como insumo en el discurso de la derecha para demostrar un supuesto “fracaso del socialismo” y, más aún, han provocado también confusión en los sectores populares y hasta un rechazo a lo que consideran ha sido una experiencia socialista que ha dejado como secuela una época de escandalosa corrupción, restricción de las libertades democráticas, centenares de luchadores y activistas sociales enjuiciados y encarcelados, una burguesía más fortalecida, un país en crisis y con niveles más altos de dependencia externa.

Una revolución para el capital

Lo estratégico –por las proyecciones económicas, políticas y sociales- que cumplió la “revolución ciudadana” del ex presidente Correa fue: el fortalecimiento de la institucionalidad burguesa, que implica también el fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos coercitivos del Estado capitalista; la implementación de políticas que permitieron, en cierto sentido, la modernización capitalista del país y, sobre todo, garantizar niveles más altos de extracción de plusvalía y de utilidades a los grandes empresarios y banqueros.

La contraparte del discurso de la “revolución ciudadana” respecto de los “avances en equidad social” está en la realidad del país. Hace poco más de un año, se publicó una  investigación que lleva por título “Los grupos monopólicos en el Ecuador”, realizada por Carlos Pástor Pazmiño. Allí se sostiene que el período 2007–2014 coincide con el mayor crecimiento económico registrado desde los años setenta de las empresas más grandes del país, mismas que son parte de grupos económicos que se han ido formando desde hace ya varias décadas.

Las estadísticas del Sistema de Rentas Internas, SRI, muestran que los grupos económicos en Ecuador presentan un crecimiento exponencial, según un artículo publicado en octubre del año pasado en la Revista Líderes. La información obtenida hasta el 2017 habla de 215 grupos económicos (el año 2006 operaban 62), y uno de los elementos que permitió su desarrollo fue el incremento del gasto público estatal, lo que  confirma la utilización que la burguesía hace del Estado para la acumulación capitalista, aún cuando demanda menor gasto público. Lenín Moreno ahora tiene planteado alimentar a esos mismos sectores a través de la privatización de las empresas estatales que las considera ineficientes.

Los 62 grupos económicos tuvieron USD 17.083 millones por ventas en el 2010, equivalente al 36,5% del PIB; en el 2015, los 200 grupos económicos ya existentes alcanzaron ingresos por USD 57.475 millones, que representan el 57,4% del PIB. El año 2016 su carga tributaria promedio fue del 2,29%, según el SRI, mientras la presión fiscal del Ecuador, en el 2015, alcanzó el 21,7%, es decir, lo correspondiente al pago de tributos que pagan todos los habitantes en relación al PIB.

Todo esto muestra que el nivel de concentración y centralización del capital en el país es mayor a épocas anteriores, en otras palabras, se ha producido un fortalecimiento del poder de la gran burguesía, intermediaria de capitales extranjeros.

El grupo de Álvaro Noboa Pontón –al que supuestamente combatió Correa– mantiene la posición más alta, con 72 empresas (2015). Le siguen los grupos: Pichincha, Eljuri (mimado del correísmo), Nobis (que tuvo su propia representante en el gabinete de Correa), Wrigth, Czarninsky, Pronaca.

La misma investigación de Pástor establece el aparecimiento de nuevos grupos, como Holcim (Suiza), que opera en el Ecuador desde 2004, pero a partir del 2007 su crecimiento es notable. “En el 2011 llegó a ocupar el puesto número 13 en el ranking de las empresas más grandes del país. En el 2013 llegó al puesto seis y desde el 2014 hasta hoy se mantiene como la cuarta empresa de mayores utilidades en el país”.

La información al respecto ahora ya es relativamente abundante y recomendamos su lectura, para entender cómo la denominada “revolución ciudadana” no fue más que un proyecto al servicio de la gran burguesía, que en el plano político permitió a ésta superar el bache de la ingobernabilidad y en lo económico afirmar su dominación de clase y obtener utilidades superiores a las logradas en los precedentes gobiernos neoliberales, como demuestran las cifras oficiales del gobierno pasado y lo sostuvo el mismo Rafael Correa.

Estos poderosos grupos económicos continúan beneficiándose de la política gubernamental. El programa económico de Moreno contempla medidas como la reducción y exoneración de tributos a los grandes empresarios y al capital extranjero en determinadas condiciones y el perdón (remisión le denominan) de una parte de las  deudas de la burguesía morosa. Según el SRI, más de cuatro mil seiscientos millones de dólares adeudan al Estado 495 empresas, fenómeno que viene desde años atrás.

Se podría hablar de temas como endeudamiento externo, búsqueda de acuerdos de libre comercio, emisión de bonos del Estado y encontraremos similitudes entre Moreno y Correa. Hay matices por supuesto, que no pueden perderse de vista, y también aspectos en los que Moreno ha marcado diferencias, sobre todo obligado por las circunstancias políticas del país, en las que la mejor carta de presentación es mostrarse en el bando contrario de Correa quien, ahora, carga con cerca del 80% de rechazo en la población.

Revolución ciudadana, socialismo del siglo XXI, nuevo socialismo democrático, progresismo moderno son malabarismos verbales con los que uno y otro intentan continuar jugando en el andarivel político de la izquierda, aunque sus definiciones ideológico-políticas están fuera de ella y sus realizaciones se hallan al servicio del gran capital.

No son nuevos esos esfuerzos que buscan posicionarse como alternativa “intermedia” frente a corrientes económico-políticas que aparecen como polos opuestos. Eso intenta Moreno con su “progresismo moderno”: una tercera vía entre el neoliberalismo y los denominados gobiernos “progresistas”. Así operaron las propuestas del socialismo del siglo XXI, del bolivarianismo, del socialismo andino cuando irrumpieron como opción ante el neoliberalismo y el socialismo marxista; así actuó la socialdemocracia para mostrarse como el punto intermedio entre el liberalismo y el socialismo marxista leninista que ganaba adhesión mundial por los éxitos alcanzados en la ex URSS durante las primeras décadas de revolución. La historia nos muestra que todas esas propuestas de “tercera vía” tienen algo en común: su oposición al socialismo marxista y su nacimiento en los mismos cenáculos de los círculos de poder.

Esas corrientes supuestamente de “izquierda”, “progresistas”, “innovadoras” hacen un grave daño al movimiento popular y a las fuerzas de izquierda –por la confusión política  que provocan en el movimiento popular– y benefician exclusivamente a los grupos de poder. Correa y Moreno cumplen esa labor diversionista en tanto expresión política de una u otra facción burguesa. Cuando se plantea la confrontación a esos sectores, sea en el terreno de la lucha política o del debate de sus ideas, se expresa el combate a propuestas políticas de contenido burgués y no se trata de discrepancias al interior de la izquierda, como aparentemente puede aparecer y muchos quieren mostrarlo.

La contradicción económico-política no se encuentra entre los puntos referenciales sugeridos por quienes juegan a la “tercera vía”. La contradicción real y definitoria está  entre las fuerzas económico-políticas que, con sus respectivas variantes, defienden y procurar mantener la dominación capitalista; y, quienes pugnan por poner fin a este sistema con una auténtica revolución social. La contradicción es capitalismo o socialismo.

En Nicaragua no gobierna la izquierda

El Ortega de hoy, al igual que el FSLN, no tienen nada que ver con lo que fueron hace 39 años. No son de izquierda, no son revolucionarios; lamentablemente, esos procesos degenerativos pueden presentarse en las personas y en las organizaciones políticas cuando los principios no están plenamente afirmados.

nicaraguapor Guido Proaño A.

El pueblo nicaragüense siempre aborreció a los tiranos y ha hecho todo lo posible por librarse de ellos; ahora mismo asistimos a una nueva lección de esa rebeldía y anhelo de libertad, esta vez para echar del poder a la pareja Ortega–Murillo.

Hace 39 años, Nicaragua se ganó la solidaridad de los pueblos de todo el mundo cuando se conoció la heroicidad de su gente para poner fin a la dictadura de Anastacio Somoza Debayle, sucesor de una dinastía que inició en 1937 con su padre, Anastacio Somoza García, continuó con su hermano Luis, hasta que la revolución sandinista, el 19 de julio de 1979, acabó con medio siglo de una dinastía corrupta y despótica. Los Somoza, como ahora Ortega, controlaban todo en su país, y también se apropiaron de cosas que no les pertenecía; reprimieron a sangre y fuego protestas y levantamientos que exigían libertad y democracia, como ahora también ocurre.

La revolución sandinista llenó de optimismo y esperanza, principalmente a los jóvenes en quienes bullían ideales antiimperialistas y revolucionarios. Nicaragua mostraba la vía para derrocar el poder de las oligarquías, para expulsar a los yanquis de nuestros territorios, para hacer realidad los sueños de igualdad. Esos anhelos se alimentaban, además, con los combates y victorias logradas en El Salvador por el FMLN y con la lucha revolucionaria en Guatemala. Centroamérica era un foco insurreccional; lo que ocurrió después con cada uno de esos procesos es motivo de otro análisis. Pero sí hay que decir, que en ellos también hubo traidores.

Daniel Ortega fue uno de los comandantes del Frente Sandinista, por ello cosechó aprecio y admiración en su país y a nivel internacional. Las fuerzas populares, los partidos y movimientos de izquierda del mundo, y particularmente de América Latina, dieron un cerrado apoyo a ese proceso, como había que hacerlo, aún cuando existían críticas a los límites políticos que se observaban en algunos de los dirigentes de la revolución. Ortega mismo no era expresión de lo más avanzado políticamente al interior del FSLN.

Pero el Ortega de hoy, al igual que el FSLN, no tienen nada que ver con lo que fueron hace 39 años. No son de izquierda, no son revolucionarios; lamentablemente, esos procesos degenerativos pueden presentarse en las personas y en las organizaciones políticas cuando los principios no están plenamente afirmados.

Y eso no lo decimos ahora que Ortega, el ejército, la policía y grupos paramilitares a su servicio agreden, disparan a mansalva y asesinan al pueblo. Las derrotas político-electorales del FSLN y la sed de poder de Ortega llevaron a éste a crear alianzas con poderosos grupos económicos y sectores políticos de derecha y la iglesia.

Desde su segunda elección presidencial (2007) Ortega ha caminado de la mano del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que reúne a todas las cámaras de empresarios, y se ha sometido a los mandatos del Fondo Monetario Internacional. El mismo Ortega declaraba con orgullo que su gobierno “logró una hazaña en tiempo record, un acuerdo con el FMI que parecía una misión imposible”. Hoy se sienten contentos y satisfechos por lo que están haciendo, las delegaciones técnicas del FMI que supervisan la economía nicaragüense felicitan por la obediencia del gobierno, los empresarios y banqueros felices con el incremento de sus ganancias, aunque a momentos se sienten incómodos por la actitudes antidemocráticas de Ortega. Pero entre riqueza y democracia, para ellos no hay duda qué escoger.

En Nicaragua se ha fortalecido un régimen antidemocrático, en el que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, controlan todos los puestos claves. La inmediata y violenta protesta de los trabajadores y la juventud a la propuesta de reforma al sistema de pensiones y jubilaciones, que Ortega se vio obligado a retirarla, se explica porque existe un descontento acumulado y un repudio al régimen. La pobreza crece, los salarios no cubren las necesidades básicas de los trabajadores, aumenta el desempleo y subempleo… las injusticias y la inequidad aumentan, pero también aumenta la concentración de las riquezas en pequeños grupos.

Ortega y quienes lo respaldan quieren convencer al mundo que la protesta social es fruto de la manipulación externa y de sectores de derecha, perverso argumento utilizado para enmascarar la realidad y cosechar apoyo de sectores que no han querido ver ni entender la metamorfosis del FSLN. Advertimos que el uso expreso de estas siglas se lo hace para diferenciarlo del sandinismo, de los auténticos herederos de Augusto César Sandino, el General de hombres libres, que con su ejército guerrillero resistió y expulsó de su país a las tropas invasoras estadounidenses.

No puede explicarse un movimiento tan generalizado si no es por el alto grado de descontento del pueblo con el gobierno; es el repudio al autoritarismo, a la corrupción, a la política antipopular lo que provoca la resistencia valerosa de esos jóvenes –que inclusive están entregando sus vidas en los combates callejeros– y enfrentan en condiciones de absoluta desigualdad a las fuerza represivas del gobierno. Es absurdo creer que en un escenario político –de cualquier país- dejen de participar las distintas fuerzas y movimientos políticos existentes, y de hecho, en las movilizaciones que ahora se producen en Nicaragua actúan todas esas fuerzas, pero ello no le quita legitimidad a la protesta por que hay un pueblo que lucha por sus propias convicciones, no se puede negar el derecho de los trabajadores, la juventud y el pueblo en general a revelarse ante un gobierno despótico.

Gobiernos como éste, que se disfrazan de izquierda pero en realidad representan los intereses de la burguesía y el capital extranjero, hacen un grave daño a la izquierda revolucionaria y a las fuerzas progresistas porque logran confundir a sectores populares.

Ortega y Murillo debe responder por la vida de los más de 300 asesinados, los miles de heridos y desaparecidos. Su salida es una necesidad urgente.

“Quien tiene tejado de vidrio que no le tire piedras al vecino”

En Ecuador hay veinte y tres funcionarios del anterior gobierno, de los más altos rangos, entre ellos ex ministros de Estado, que se encuentran detenidos, procesados judicialmente o han huido del país, vinculados en casos de corrupción.

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por Guido Proaño A.

“¿Grandes expresidentes o malhechores?” es el título del artículo escrito por Emir Sader, publicado por diario El Telégrafo el pasado 6 de julio. Su intención es defender a los ex presidentes Lula, Cristina y Correa, como él los nombra, pero la lectura lleva a recordar la frase “quien tiene tejado de vidrio que no le tire piedras al vecino”.

Para Sader, los tres expresidentes son víctimas de burdas campañas para transformarlos en malhechores, a fin de “destruir reputaciones construidas con políticas populares, nacionales, democráticas, defendiendo a sus países y a sus pueblos”.

Interpretación por demás simple para defender a personajes –unos más que otros- que se encuentran comprometidos con escandalosos casos de corrupción, y no por invención de nadie, sino por acción u omisión propia.

En nuestro país hay veinte y tres funcionarios del anterior gobierno, de los más altos rangos, entre ellos ex ministros de Estado, que se encuentran detenidos, procesados judicialmente o han huido del país, vinculados en casos de corrupción.  Es decir, por malhechores. No son invenciones las acusaciones en contra del ex vicepresidente Jorge Glas que le mantienen en prisión –y hay otras que están por ventilarse en la justicia-, ni las que enfrenta Rafael Correa.

Varias organizaciones sociales –particularmente las defensoras de los derechos humanos- registraron más de ochocientos casos de hombres y mujeres que fueron procesados judicialmente por expresar opiniones contrarias al régimen anterior o por participar en acciones de protesta; el Código Integral Penal introdujo normas que criminalizaron la protesta social y el país fue testigo de la brutalidad con la se reprimió al movimiento popular particularmente los últimos años de la gestión de Correa. Eso calla Sader, pero se queja que se criminaliza a sus líderes. Tampoco dijo –ni dice nada- cuando Correa utilizó los órganos de justicia como instrumentos de persecución política. ¿No escuchó nunca decir al ex presidente ecuatoriano que él metió la mano en la justicia?

Como una especie de reto, para poner en la balanza el aval con el que cuenta Correa, Sader dice: “Imaginen al pueblo ecuatoriano juzgando lo que Rafael Correa ha traído para Ecuador…” Sepa usted que eso ya se juzgó. Por eso no se presentó como candidato a la reelección presidencial, luego de que rompiendo leyes –incluyendo la Constitución- hizo aprobar en la Asamblea Nacional la reelección indefinida, pues, las cifras de sus encuestas le ubicaban como perdedor. También se le juzgó en la consulta popular de febrero, en la que el pueblo ecuatoriano votó siete veces Sí, como una forma de decir fin a la era correísta.

No hay que tirar piedras cuando se tiene techo de vidrio.

Nunca fue invencible

Correa el “invencible”, al que “no se le podía derrotar” hoy se encuentra arrinconado, lloriqueando porque cualquiera de estos días irá a parar a la cárcel.

Tomado del semanario En Marcha

No son pocas las ocasiones que se escucha a la gente opiniones como “qué se saca con protestar si las cosas no cambian nunca” y que, por lo tanto, lo sensato sería la resignación al statu quo. Aprovechándose de ese criterio derrotista Rafael Correa y su clan trabajaron por crear la imagen de su supuesta invencibilidad, de poseer la fuerza para barrer a quien o quienes se pongan por delante y para permanecer en el poder años e inclusive décadas.

Los acontecimientos que ahora se producen en nuestro país están dando una lección en contrario y, por lo tanto, otorgando la razón a quienes siempre confiamos en la lucha de las masas y en su capacidad transformadora de la realidad.

Correa el “invencible”, al que “no se le podía derrotar” hoy se encuentra arrinconado, lloriqueando porque cualquiera de estos días irá a parar a la cárcel. De tirano que tenía en sus manos las riendas con las que manejaba los órganos de justicia para reprimir a quien su voluntad y capricho así lo dictaba, ahora es reo de la justicia.

Para llegar a esta situación ha estado por medio la lucha de años de nuestro pueblo, expresada en denuncias, reclamos, plantones, movilizaciones, jornadas nacionales de protesta… en fin, múltiples formas y acciones de resistencia y combate. Sin ese caudal no hubiese sido posible remover la conciencia de los ecuatorianos respecto de la escandalosa corrupción correísta, ni se hubiese llegado al enjuiciamiento y sanción al ex vicepresidente Jorge Glas y a otros funcionarios de la misma calaña. Tampoco se hubiesen creado las condiciones para la convocatoria a la consulta popular de febrero y, por lo tanto, para la existencia del actual Consejo de Participación Transitorio.

…no todo combate desemboca en victoria y menos aún los procesos políticos se conquistan tras una sola batalla. Hay peleas que se pierden, otras en las que se triunfa, también en las que los resultados simplemente se aplazan.

Claro que no todo combate desemboca en victoria y menos aún los procesos políticos se conquistan tras una sola batalla. Hay peleas que se pierden, otras en las que se triunfa, también en las que los resultados simplemente se aplazan.

Quienes no se rindieron frente al correísmo ahora ven nacer los frutos de su esfuerzo, de su lucha. El combate de los pueblos requiere perseverancia, así las cosas cambian.

No es revancha, es afán de justicia

Los hechos están dando la razón a quienes hace tiempo ya sostuvieron que con Rafael Correa a la cabeza se constituyó un grupo inescrupuloso que hizo del poder el medio para el aprovechamiento personal.

correa preocupado
Por Guido Proaño A.

El ex presidente Rafael Correa ahora es perseguido por la Interpol. Hasta hace poco más de un año era el hombre fuerte del Ecuador, el mandamás del país; tuvo bajo su control los órganos de justicia que actuaban de acuerdo a su voluntad y capricho, los utilizó como instrumento de represión y chantaje. En varias ocasiones se ufanó de haber “metido la mano en la justicia”, pero ahora que es reo de ésta la denosta, se victimiza y dice que es un perseguido político.

Correa deberá ser extraditado para que responda de acusaciones muy graves formuladas por la Fiscalía en el caso de secuestro a Fernando Balda, ocurrido en Bogotá hace seis años. La jueza Daniela Camacho dispuso la orden de prisión preventiva y ha solicitado a la Interpol su captura mediante la difusión de una alerta roja. El ex presidente, refugiado en Bélgica, sentirá que el tiempo corre rápido en su contra, mientras en nuestro país sentimos que al fin se ha tomado una medida justa.

No es revancha lo que experimenta el pueblo, es un sentimiento de justicia que ha movilizado a miles de ecuatorianos durante varios meses, inclusive durante la presidencia del mismo Correa, reclamando fin al autoritarismo, a la corrupción, al maltrato, a la insolencia.

Los hechos están dando la razón a quienes hace tiempo ya sostuvieron que con Rafael Correa a la cabeza se constituyó un grupo inescrupuloso que hizo del poder el medio para el aprovechamiento personal, para el enriquecimiento ilícito, para los negocios oscuros y actos ruines. El pedido de prisión preventiva se debe a su presunta participación en delitos de asociación ilícita y secuestro. Cosas por demás graves.

Por asociación ilícita también fue acusado y condenado a prisión su ex vicepresidente Jorge Glas, con quien deberá compartir celda en la Cárcel 4 de la ciudad de Quito cuando sea detenido. Son varios los ex ministros y funcionarios de alto nivel de la administración Correa que se encuentran detenidos y procesados unos, prófugos otros. ¡Qué más evidencia de que la corrupción se entronizó en Carondelet!

Existen otros motivos también para procesar y sancionar a Rafael Correa: tráfico de influencias en la justicia, casos Petrochina y Petroecuador, manejo doloso de la deuda, entre otros.

Correa niega las acusaciones en su contra. Que venga a declarar y diga lo que tiene que decir. Hasta ahora el mensaje que emite es el de bravucón en el sentido literal de la palabra: “esforzado o valiente solo de palabra”.