No somos los ecuatorianos, es Noboa

Por: Guido Proaño Andrade

En los peores términos aparece Ecuador en los titulares de los periódicos de todo el mundo y se lo debemos al presidente Daniel Noboa. Revisando los pronunciamientos oficiales difundidos por varios países sobre el asalto efectuado por la Policía y el Ejército a la embajada de México, no hay uno solo que lo justifique: todos lo condenan, incluyendo Estados Unidos a pesar de que mira a Noboa como una ficha importante para su política exterior en la región.

Muy poco se puede añadir respecto de la violación de normas del derecho internacional que el caso ha incurrido, por eso intentaremos mirar otras aristas. ¿Cómo analizan estos temas en el círculo de gobierno? ¿Calcularon el remezón internacional que eso produciría y los efectos negativos para el país? La decisión de incursionar violentamente en la embajada de México devela elementos como la concepción que Noboa tiene sobre el manejo del Estado y las prioridades políticas que rondan su cabeza. No se trata de ignorancia de los tratados internacionales, está de por medio la prepotencia.

El manejo de la política estatal, que pone por delante los intereses del grupo gobernante —y de quien o quienes les protegen— ya creó un grave conflicto a propósito de la intención de entregar a Estados Unidos material bélico de fabricación rusa, argumentando que se trataba de chatarra; la respuesta del gobierno de Putin fue inmediata: trabas para las exportaciones de banano y flores. Se dijo que a Noboa no le importaba esas dificultades porque las empresas de su «papito» no venden la fruta a Rusia, pero entre los campesinos de Cotopaxi, productores florícolas que proveen a los grandes exportadores, el temor cundió por el riesgo de perder sus inversiones.

La posibilidad de que, tras la ruptura de relaciones diplomáticas, el gobierno mexicano tome retaliaciones en el comercio internacional genera preocupaciones. Ecuador vende alrededor de 320 productos a México. El año pasado, las exportaciones fueron de USD 202 millones, solo tomando en cuenta las exportaciones no petroleras. De presentarse el caso señalado, se verían afectados miles de trabajadores de sectores industriales y agrícolas. También hay temor por lo que podría ocurrir con los miles de migrantes ecuatorianos que transitan por México; la crisis migratoria obligó a los dos países a mantener conversaciones constantes para encontrar salida a las dificultades, ahora el tema «entra en la congeladora» y los migrantes quedan más desprotegidos que antes. Debe esperarse, además, la respuesta que instancias internacionales tomen frente a lo acontecido.

Hay varios elementos que llevan a pensar que la brutalidad cometida por Noboa la hizo midiendo lo que ocurre en el escenario político actual y teniendo en cuenta la perspectiva electoral del próximo año, sin importarle la posición en la que pone al Ecuador en el escenario internacional.

En la estrategia electoral de Noboa, ganar la consulta convocada para el 21 de abril es fundamental, y ahí empiezan algunos problemas. En los últimos dos meses, los niveles de aceptación a la gestión gubernamental han descendido, sobre todo porque no hay ningún resultado efectivo en la solución de problemas medulares como la falta de empleo y el alto costo de la vida; la elevación del IVA al 15 % provocó una ola alcista en los precios de los productos antes de su aplicación y ahora con la elevación de los precios de la gasolina y el gas de consumo doméstico el resentimiento popular es mayor. El tema «estrella» manejado por el gobierno (el combate a la delincuencia organizada) está mostrando limitaciones, se constata una reactivación de la actividad delincuencial y hace pocas semanas se difundieron datos que daban cuenta del incremento de los casos de extorsión y secuestro en relación a meses anteriores. El aparecimiento de Noboa disfrazado con casco y chaleco antibalas es parte del show mediático construido para crear la imagen de un presidente que combate a la delincuencia, pero aún no ha sido capaz de presentar el Plan Fénix. En realidad, el gobierno no tiene un sólido plan al respecto.

Al parecer, el escenario político se le complicó en los últimos días. Las mediciones de varias encuestadoras no solo hablan de la disminución del respaldo popular al presidente, sino también de un significativo crecimiento del porcentaje de personas que votarían NO en la consulta en el tema de la contratación por horas que, a fin de cuentas, es el que más interesa al gobierno y a los grandes empresarios. Las preguntas relacionadas con la seguridad son hojarasca, pues, como es sabido, su contenido requiere que se le dé forma de ley para que, luego, la Asamblea Nacional las discuta y apruebe o no, es decir, es inoficioso su sometimiento a consulta popular. Son estas preguntas las que Noboa ha tomado como caballo de batalla por el Sí.

Así las cosas, en Carondelet decidieron dar un golpe de efecto: apresar a Jorge Glas y proyectar la imagen de un gobierno dispuesto a todo para combatir la corrupción. ¿El propósito? Recuperar la imagen personal del Presidente de cara a la consulta del próximo 21 de abril y a las elecciones del 2025.

Por supuesto que Jorge Glas debe estar preso por su responsabilidad en varios actos de corrupción, pero esa no era la vía para encarcelarlo. El correísmo está aprovechando este acontecimiento para —local e internacionalmente— ubicarse en la condición de víctima. Con esa carta ha jugado en los últimos años, se presenta como perseguido político cuando, en realidad, debe rendir cuentas por los múltiples actos de corrupción.

¿Le interesa a Noboa tener al correísmo como su principal contradictor? Podría decirse que sí, sabe que en la población hay una marcada resistencia a esa fuerza política, al punto que en los dos últimos procesos electorales presidenciales, Guillermo Lasso y el mismo Daniel Noboa no ganaron con votos mayoritarios de quienes confiaron en ellos, sino de quienes buscaron la forma de cerrar el paso a los candidatos correístas.

Hay que ver —ahora— qué ocurrirá en la Asamblea Nacional, en donde el gobierno completaba una mayoría con socialcristianos y correístas. Estos últimos acaban de pedir la renuncia del Presidente, los días en los que la Revolución Ciudadana votó para favorecer la política antipopular del gobierno, parece, llegaron a su fin. Pero, ¡quién sabe!

Ocho binomios, una sola opción

Por: Guido Proaño Andrade

Todo está yendo muy rápido. En menos de un mes, desde que Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada, los partidos políticos tuvieron que definir e inscribir sus candidatos para los comicios del próximo 20 de agosto. Algunos nombres se venían cantando para las presidenciales del 2025, pero aún así resulta atropellado ponerlos en forma para una contienda que no estaba prevista.

No por ser una elección exprés su trascendencia disminuye. La mayoría de los candidatos participan con la mirada puesta en el 2025, utilizan este proceso como «pasarela» para proyectar su imagen, pero los electores deben decidir su voto pensando en el Ecuador de hoy y del futuro: si se falla ahora, mañana será más difícil enderezar el camino.

En las elecciones de febrero de 2021 participaron dieciséis binomios presidenciales, ahora hay ocho. No porque antes fueron el doble significa que hubo más opciones para escoger; ese elevado número no implica variedad de opciones políticas. Ahora —en ese sentido— el asunto es similar, y es lógico que así ocurra porque las corrientes de pensamiento político se identifican y se diferencian en torno a elementos fundamentales como, por ejemplo, la forma de organización de la producción, la concepción que se tiene respecto de lo que es el Estado y cuál es el papel que debe ejercer en la estructuración y funcionamiento de la sociedad, cómo entender la relación del ser humano con la naturaleza, consideraciones respecto de los derechos colectivos, el papel que le corresponde cumplir la población en la definición y ejecución de las políticas estatales, para citar algunos aspectos. La visión que se tiene sobre esos aspectos esenciales une o desune a las fuerzas políticas entre sí, y esa identidad las hace parte de una u otra corriente abarcadora. Dicho de otro modo, no es que cada partido o movimiento político es poseedor de una concepción ideológico-política exclusiva, distinta a las del resto.

La postura que las fuerzas políticas tienen frente a los temas antes planteados obliga y permite encontrar una forma de identificarlos en sus concepciones más generales; históricamente, la forma de hacerlo ha sido bajo la denominación de izquierda – derecha. Hay quienes sostienen que esa manera de identificación es un «anacronismo», que ya no hay izquierda ni derecha, pero detrás de ese discurso hay una intencionalidad: vaciar a la política de sus contenidos fundamentales y diferenciadores.

Quienes más a gusto se sienten con ese discurso son los grupos de poder, porque la homogeneización del pensamiento político es indispensable para mantener su condición de clase dominante. Así se puede ver que la negación de la dicotomía izquierda – derecha tiene como propósito invalidar la existencia de la izquierda.

En la política no existe el mencionado «centro»; eres de derecha o eres de izquierda, defiendes los intereses del gran capital o los intereses de los trabajadores y el pueblo: no se puede servir a dios y al diablo al mismo tiempo.

Es necesaria esta digresión para mirar y entender el cuadro de candidatos presidenciales y las alianzas políticas, pero tal vez es indispensable añadir otro elemento para evitar errores de interpretación. En el mundo de la política hay muchos malabaristas y también quienes juegan al equilibrismo, pero estos siempre terminan cayendo a uno u otro lado, sobre todo hacia la derecha, que es su punto de origen. En la política no existe el mencionado «centro»; eres de derecha o eres de izquierda, defiendes los intereses del gran capital o los intereses de los trabajadores y el pueblo: no se puede servir a dios y al diablo al mismo tiempo.

De ahí que se deben prender las alertas cuando aparecen fuerzas y personajes políticos que dicen no tener ideología o que no son ni de derecha ni de izquierda, pues, te están mintiendo, algo oscuro esconden.

En la presente elección presidencial hay una sola candidatura que representa al bloque popular, a las posiciones políticas democráticas y de izquierda: Yaku Pérez, promovido por la alianza «Claro que se puede» listas 2, 17, 20. El resto de candidaturas son impulsadas por partidos y movimientos que representan los intereses de los grandes empresarios, banqueros y del capital monopólico internacional. No es difícil identificarlos, sea por lo que proponen y, sobre todo, por lo que ha sido y es su práctica política.

Existe confusión en varios sectores sociales respecto del correísmo, ubicándole como fuerza de izquierda, término que sus dirigentes ahora eluden utilizarlo. En la época actual, cuando el dominio del capital es mundial y el capitalismo se ha desarrollado a los niveles de imperialismo, ser de izquierda implica levantar una propuesta política y programática anticapitalista; pero una década de gobierno del correísmo demostró al país y al mundo que su ejercicio político-económico dio como resultado una mayor concentración de la riqueza en pocas manos y se produjo un proceso de modernización del Estado capitalista, para beneficio del proceso de reproducción del capital. Eso, en medio del ejercicio de una política caracterizada por el autoritarismo en contra del movimiento popular y de altos niveles de corrupción.

Lo dicho en el párrafo anterior se puede corroborar al mirar las cifras oficiales sobre las ganancias obtenidas por la banca y los grandes empresarios en ese período y, además, los datos que hacen referencia al surgimiento de nuevos grupos económicos en el país. Respecto de la definición política, dejemos que el mismo Rafael Correa aclare el asunto.

En febrero de 2013, diario El Telégrafo publicó una extensa entrevista al entonces presidente Correa^[1]. A la pregunta «¿Cuán anticapitalista es el proyecto político de Alianza PAIS y de Rafael Correa?», Correa responde: «Yo detesto esa palabra. Yo creo que ese es uno de los errores de la izquierda tradicional: ser ‘antitodo’… No somos anticapitalistas, no somos antiyanquis, no somos antiimperialistas…».

Los conceptos están claros, si su proyecto político no va en contra de la explotación del capital y del dominio imperialista, entonces están del lado de estos.

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[1] Ver: http://www.telegrafo.com.ec/entrevistas/item/tenemos-que-hacer-cosas-nuevas-y-mejores-v.html

Gobierno al garete

Por Guido Proaño Andrade

La situación por la que atraviesa el gobierno de Guillermo Lasso no puede ser peor, o quizás sí en las próximas semanas. A duras penas se mantiene a flote, está resquebrajado por todo lado. Los resultados de la consulta popular le estallaron como bombazo, pero no es la única causa que le tiene al garete, le estrangula también las denuncias de corrupción en los más altos niveles.

El plan de Lasso de utilizar la consulta popular como salvavidas se fue a pique. El triunfo del NO reafirma un fenómeno que ya se conocía: el pueblo no confía en la palabra del Presidente, tanto es así que, además, los candidatos del gobierno sacaron los peores resultados en las elecciones del pasado 5 de febrero. Apaleado por el pronunciamiento popular, se le ocurrió pensar que era un buen momento para sacar el ardid del llamado al diálogo, que le resultó otro tiro a los pies. Debió mandar a cerrar el Salón de Banquetes de la Presidencia, en donde tenía previsto hacer la reunión, porque nadie aceptó la invitación. En las circunstancias en las que vive el país, la única posibilidad de que fuerzas políticas se sienten con él a discutir el destino del país sería si Lasso pone por delante su renuncia. No es exageración, conociendo que entre los bloques parlamentarios analizan y hacen cálculos si alcanzan los votos para destituirlo con un juicio político.

Los cambios ministeriales y la salida de personajes de su círculo más cercano no oxigenarán a un gobierno aislado políticamente. Algunos analistas señalan que esos cambios llegaron tarde, pero el asunto no se define por los operadores políticos que rodean al Presidente, sino por la política en sí que guía la acción gubernamental. El pueblo sobrepasó la maniobra de la consulta popular y votó NO para expresar su oposición al gobierno, para demostrar su rechazo a la política neoliberal.

¿Cuál es el capital político del gobierno? Se circunscribe al apoyo que le otorgan los banqueros y grandes empresarios beneficiarios de su política; está en Washington, en la Casa Blanca y en el Fondo Monetario Internacional. Pero inclusive en los círculos financieros internacionales conocen sus flaquezas, al punto que los bancos de inversión JP Morgan y Morgan Stanley, apenas conocidos los resultados del 5 de febrero, advirtieron el riesgo de que Lasso no termine el período para el que fue elegido.

El «capital ético» con el que Lasso intentó jugar se le acabó. La corrupción se ha enseñoreado en los pasillos de Carondelet como ocurrió durante el correísmo. El presidente tiene responsabilidad política directa en el caso conocido como El Gran Padrino o Encuentro, porque él invistió de facultades extraordinarias a Hernán Luque para que maneje todas las empresas públicas; son sus colaboradores más cercanos los que están involucrados en escandalosos actos de corrupción. No son casos aislados, el gobierno está enlodado por este mal.

En el pasado, en momentos en los que la crisis política obligó cambios en los altos niveles, estos se produjeron por acuerdos políticos también en las cúpulas políticas. La salida a la crisis política actual no puede repetir esa historia, el movimiento popular, los trabajadores, los campesinos, el movimiento indígena deben jugar un papel protagónico fundamental para no permitir que este escenario sea aprovechado para recambios entre las facciones burguesas. La propuesta que desde el movimiento popular se levanta, y se resume en la consigna ¡Que se vayan todos!, tiene una connotación que va más allá de lo circunstancial. El pueblo está cansado que sean los mismos los que gobiernen, así sea con discursos y planteamiento aparentemente distintos. Que se vayan todos, los que fueron antes y los que son ahora gobierno. No es difícil soñar en un auténtico gobierno del pueblo.

Anuncios de recesión

por Guido Proaño Andrade

Las perspectivas de crecimiento económico mundial son preocupantes, y lo son porque cuando la economía tiene tropiezos y caídas, son los trabajadores y los pueblos los que llevan la peor parte: pierden sus empleos, sus salarios disminuyen, los presupuestos del sector social se recortan, lo que significa menores posibilidades de acceso a la salud, educación, créditos productivos, vivienda y más; los grandes empresarios, en cambio, generalmente se benefician de créditos y políticas estatales de salvataje. No solo salvan los muebles, en medio de las crisis sus riquezas aumentan. Es lo que economistas del stablishment denominan aprovechar las oportunidades para crecer.

En julio pasado, en el Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI hablaba de un «panorama sombrío e incierto». Semejante descripción bien valdría en el libreto de alguna película para crear una atmósfera de terror o suspenso. Aún más, se dijo que «La titubeante recuperación de 2021 ha venido seguida de una evolución cada vez más lúgubre en 2022». ¡Panorama lúgubre, sombrío e incierto!

Unido a semejante descripción, el FMI llegó a la conclusión que se debía revisar las previsiones de crecimiento. Este «se reducirá de 6,1% del año pasado a 3,2% en 2022, un descenso de 0,4 puntos porcentuales con respecto a la edición de abril de 2022», señala ese informe. El panorama «lúgubre, sombrío e incierto» parece que también será trágico. Eso se desprende de las opiniones de Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, vertidas este 6 de octubre en un discurso pronunciado en la Universidad de Georgetown, en Washington, en el que advierte que el mundo está amenazado por una recesión económica.

Georgieva adelantó que la próxima semana el FMI presentará una actualización de Perspectivas de la Economía Mundial, en el que se rebaja el crecimiento para el próximo año. Reconoció que «ya han rebajado tres veces las previsiones de crecimiento». Desde el lunes 10 de octubre hasta el domingo 16 de octubre, se realizarán la Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial.

Según el FMI, para hacer frente a la crisis, hay que ceñirse a estas tres políticas: Uno, política monetaria dura para controlar la inflación; dos, política fiscal responsable; y, tres, apoyo a los mercados emergentes y a las economías en desarrollo.

Una política monetaria dura significa elevación de las tasas de interés. Los bancos centrales ya están adoptando esas medidas, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha aprobado las subidas más agresivas desde 1980, pero la inflación no ha sido controlada. En una economía con poco crecimiento y alta inflación, la elevación de las tasas de interés puede tener un efecto distinto al esperado, pues, podría contener las presiones inflacionarias (disminuye el consumo, encarece el crédito) pero limita el crecimiento. El Fondo sabe esto, la misma Georgieva advierte del riesgo de provocar «una recesión prolongada», especialmente por la acción muy agresiva y simultánea de los diferentes bancos centrales.

Otros efectos del endurecimiento de la política monetaria se observa en el intercambio comercial: bajan los niveles de consumo, disminuyen los niveles de producción, se elevan los costos de las manufacturas. Un día antes del discurso de la principal del FMI, la Organización Mundial de Comercio también informó una drástica reducción de las previsiones de crecimiento del comercio mundial para 2023. Para este año esperan un crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías del 3,5%, pero proyectan apenas un aumento del 1,0% para 2023. En abril pasado estimaban que el crecimiento sería del 3,4%. El año anterior el crecimiento fue del 9,7%. Las exportaciones de América Central y del Sur y el Caribe crecerán un 1,6% este año y apenas 0,3% en 2023, mientras en 2021 crecieron un 5,6%, o sea, será una de las regiones con mayor caída. La OMC reconoce que hay mucha incertidumbre sobre las previsiones, entre otras causas, debido al cambio de la política monetaria en los países capitalistas más desarrollados.

La segunda recomendación del FMI, política fiscal responsable, es bastante conocida en el país porque es una de las preferidas de los gobiernos neoliberales: disminuir o mantener bajos presupuestos estatales para los sectores sociales e inversión pública. Georgieva une esta política con la anterior y dice que «mientras la política monetaria está pisando el freno, no debería haber una política fiscal que esté pisando el acelerador». En el país, la Asamblea Nacional está por iniciar la discusión de la proforma presupuestaria del 2023 enviada por el ejecutivo, ahí veremos cómo el gobierno tiene previsto atender sectores esenciales, como educación y salud, que este año se vieron disminuidos en recursos.

Habrá que ver cómo encarará el Fondo el «apoyo a los mercados emergentes y a las economías en desarrollo». Una cosa es clara, la elevación de las tasas de interés provocará que se muevan capitales invertidos en países de menor desarrollo a los de mayor desarrollo, por el beneficio que esas tasas les otorga, afectando a esas economías. Y si se habla del endeudamiento público, que ha llegado a niveles records, el asunto se complica aún más.

La economía mundial no logró reponerse bien de la crisis del 2020 y se advierte que se avecina una situación similar. No hay duda que se trata de un fenómeno estructural del capitalismo.

Exabrupto y bruto

por Guido Proaño Andrade

Empecemos por precisar que no hay que confundir exabrupto con bruto. Lo primero se refiere a un ademán o expresión que se hace o se dice de manera inconveniente; bruto, en cambio, …bruto es Diego Ordóñez.

La brutalidad con la que actúa el Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado expresa la esencia de su concepción ideológica y su pensamiento político, una de cuyas aristas es el odio a las mujeres. Por ese motivo, Ordóñez fue sancionado con 15 días de suspensión sin sueldo, en diciembre de 2021, cuando era asambleísta de Creo. La resolución del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), dice que la suspensión se la adoptó  por «agresión de palabra y evidente misoginia». Ordóñez no tuvo la entereza de reconocer la agresión a la asambleísta Mónica Palacios, contra quien dirigió un tuit en el que decía «Pasar del tubo a la curul y surgen estas ‘argucias torpes’», como respuesta a las acusaciones que esa asambleísta formuló en contra del presidente Guillermo Lasso, en el caso conocido como Pandora Papers. El entonces asambleísta se limitó  a ofrecer «disculpas a quien se haya sentido aludido o aludida». 

Misoginia —por si la palabra no es muy familiar— significa odio, rechazo, aversión, desprecio hacia las mujeres y, en general, hacia todo lo relacionado con lo femenino. Firme en sus convicciones, ahora, Ordoñez atacó a las miles de mujeres que, entre dolor y rabia, demandan que se lleve hasta el fin las investigaciones del femicidio de María Belén Bernal y que el autor del crimen sea localizado, enjuiciado y encarcelado. Según él, buscan «desestabilizar la institucionalidad de seguridad en el país», y que, sobre todo, hay que defender el prestigio institucional (de la Policía), como prioridad estatal. La vida de María Belén no le importa.

Luego de conocer algunos detalles de cómo se produjo este femicidio, no se puede concluir —como señalan Ordóñez y el ministro del Interior, Patricio Carrillo,— que se trata «solo» de un mal servidor. Hay una lista de personas que tienen algo que ver con lo ocurrido el día del asesinato, porque vieron algo, escucharon algo, recibieron órdenes superiores para «no ver y callar», para encubrir y hay alguien, o algunos, que dieron esas órdenes. El espíritu de cuerpo funcionó, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones. Hay complicidad institucional, el hecho se configura como un crimen de Estado.

No es verdad que estamos frente a un hecho aislado. No son pocos los policía en servicio activo involucrados en actos delincuenciales, corrupción, sicariato, chantajes, agresión sexual, violencia intrafamiliar. Hace un año se empezó a hablar de la existencia de «narcogenerales», lo que motivó que se  revise el patrimonio de los generales de la Policía, y ocurrió lo que se preveía: algunos no están en correspondencia con los niveles de ingresos. Hay en el pasado episodios de responsabilidad institucional de la Policía en crímenes y desapariciones, como en el caso de los hermanos Restrepo, en enero de 1988, la desaparición de Gustavo Garzón, en 1990, la desaparición de David Romo en 2013.

La Policía Nacional debe ser reorganizada, empezando por su cúpula. Carrillo y Ordóñez deben salir inmediatamente de sus cargos. Sobre el ministro del Interior hay una acusación de crímenes de lesa humanidad, por la brutal represión desatada contra el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019, que cobró la vida de varias personas e hirió a decenas, acción que la repitió durante el reciente paro de junio. Tanto o más odio, como el descargado en estos días por Ordóñez contra las mujeres que piden justicia por Belén Bernal, vertió también contra quienes tomaron las calles en junio. ¿Cómo puede ser posible que un misógino, un odiador de quienes reclaman sus derechos dirija la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado? Es previsible hacia dónde y contra quien dirigirá el peso de todo ese aparato que, por cierto, no debería existir.

Un alcance. Cuando terminaba de escribir estas líneas, me enteré que durante los diez meses que Ordóñez permaneció como asambleísta no presentó ni un solo proyecto de ley. ¡Que bruto ese man!

Pozo promueve vía para la fuga de capitales

Por Guido Proaño Andrade

El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, ha hecho todo lo posible en estos días por hacerse odiar aún más. A día seguido hizo declaraciones respecto de varias medidas que tiene en carpeta para, según él, resolver los problemas fiscales. No todas nacen de su propia iniciativa, en lo fundamental son políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, pero eso sí, todas están en correspondencia con el carácter antipopular del gobierno, de sometimiento a los intereses de los dueños del gran capital.

Junto a la decisión de no elevar los salarios para el año 2021, incrementar el endeudamiento externo en tres mil millones de dólares -adicionales a lo suscrito con los organismos financieros internacionales-, la reducción del presupuesto general del estado para el próximo año, tomando como referencia lo que en este año ejecutaron las instituciones estatales (en el que se hicieron varios recortes presupuestarios), está el anuncio de una reforma tributaria que contempla la reducción del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y la posible elevación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Pozo, actuando como vocero de los intereses de los grandes empresarios y del capital extranjero, ha recordado al país que según los «acuerdos» suscritos con el FMI, tanto en septiembre del año 2019 como en agosto pasado, se plantea la eliminación del ISD, que en la actualidad es del 5%. El argumento es concreto: eso ayudaría a que la banca internacional traiga al país sus operaciones y que, en general, se incentivaría la inversión extranjera. 

El ISD ocupa el tercer lugar en las recaudaciones del fisco, luego del impuesto a la renta y el IVA; en promedio, los tres últimos años ha significado alrededor de 1.300 millones de dólares; entre enero y el 18 de noviembre de este año se recaudaron 881 millones de dólares.

Las respuestas a algunas interrogantes permiten entender si es beneficioso o no mantenerlo y quien resultaría favorecido con su eliminación: ¿Quiénes sacan divisas? ¿Por qué motivos lo hacen? ¿Hacia dónde van esos dólares? ¿Qué ocurriría si ese dinero se mantiene en el país? ¿Cómo suplir esos recursos que ahora genera este tributo?

Un impuesto de este tipo –dicen- desincentiva la inversión extranjera, puesto que cuando los repatrien pierden un 5% de su monto inicial. Dos argumentos dejan sin piso esta falacia: uno, cuando esos capitales se invierten y permanecen por más de un año en el mercado de valores, la remesa al exterior está exenta del pago de impuestos; la segunda, esa tesis esconde la tasa de rentabilidad de esas inversiones. La revista Ekos^[1] publicó a inicios de este año un ranking de las cien empresas de mayor crecimiento y rentabilidad del Ecuador, que muestra que los ingresos de estas tienen una tasa promedio de crecimiento del 30,8% y reportan una rentabilidad promedio del 47,2% en relación al capital activo. Con esos resultados quién no va a querer invertir.

Millones de dólares ha sido sacados del país para depositarlos en paraísos fiscales o hacer inversiones de distinta naturaleza en el exterior. La eliminación de este impuesto provocaría que la fuga sea mayor, con las graves implicaciones que eso tiene para la economía; y, por otro lado, solo atraería a los capitales golondrina que juegan con la especulación financiera y no alimentan el aparato productivo, lo que provocaría una mayor descapitalización.

La revista Gestión Digital^[2], en un artículo que lleva por título Fuga de capitales vs. salida de divisas: ¿a dónde apunta el Ecuador?, señala que los activos del país en el exterior superan los 31 mil millones de dólares, el 67% corresponde a la salida de capitales de hogares y empresas, es decir, 27, 6 mil millones de dólares. Además, sostiene que en abril de este año (uno de los momentos más críticos de la pandemia) «solo el 52% de los giros privados al exterior se justificaron por operaciones de comercio exterior, (…) si bien existen salidas de renta por concepto de inversiones, en abril 2020, estas solamente correspondieron al 10% de los giros privados al exterior. Todo lo demás es fuga de capitales, en el sentido que son capitales generados en el Ecuador que se dirigen al exterior sin ninguna contraprestación expresa”. ¿Quiénes tienen posibilidades económicas de hacer esa transferencia de recursos? 

Mientras plantean eliminar este tributo, que recae sobre un reducido sector de la población, proponen elevar el IVA en 2 puntos, esto es, apelan a la consabida fórmula de enfrentar la crisis fiscal sacando el dinero de los bolsillos de los que apenas tienen recursos para subsistir. El IVA es un impuesto que no pagan todos por igual, como dicen los funcionarios del gobierno y quienes defienden su incremento, puesto que en proporción a la renta, pagan más las rentas de los trabajadores que las rentas del capital.

Una política tributaria justa debe tener como principio que quienes más tienen tributen más. Disminuir el IVA en 2 puntos, establecer un impuesto del 2% a los activos de las empresas que tienen depósitos en paraísos fiscales (que daría aproximadamente 1.400 millones de dólares al año), fijar un impuesto del 2% a las personas que tengan un patrimonio superior al millón de dólares, son algunas medidas en ese sentido, propuestas desde hace tiempo por las organizaciones sindicales, populares y de izquierda.

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^[1] Ver: https://www.ekosnegocios.com/articulo/las-empresas-de-mayor-crecimiento-y-rentabilidad-del-ecuador

^[2] https://www.revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/fuga-de-capitales-vs-salida-de-divisas-donde-apunta-el-ecuador

Las cuentas oscuras de Alberto Dahik

Por Guido Proaño Andrade

Alberto Dahik es el nuevo integrante del Consejo de Asesores Económicos del gobierno de Lenin Moreno, del que además forman parte Vicente Albornoz,  Augusto de la Torre y Fausto Ortiz. Aunque oficialmente se dice que el equipo «no tiene carácter vinculante», es fácil suponer que sus opiniones y puntos de vista tienen peso en las decisiones económicas del gobierno, ámbito en el que, como en todo, la gestión del gobierno es un fracaso.

Dahik se ha convertido -o él mismo se asume- como una especie de gurú del neoliberalismo en el país. Se pasea por los sets de TV, de radios y prensa escrita dando cátedra de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer en el manejo económico, y no pierde la ocasión para echar lodo sobre toda opinión política que tenga indicios de progresismo y más aún cuando son  puntos de vista de izquierda. Dahik es un ultraconservador en su pensamiento económico y político, que se niega a ver el fracaso del neoliberalismo a nivel mundial.

No solo habla de economía, también acostumbra dar lecciones de moral a pesar que su pasado está marcado por acusaciones de corrupción. En octubre de 1995, renunció a su cargo de vicepresidente de la República y a bordo de su avión privado huyó a Costa Rica, país con el que no existía acuerdos de extradición. Solicitó asilo argumentando ser perseguido político, así evitó su detención ordenada por las autoridades judiciales debido a presunciones de corrupción en el manejo de los gastos reservados del Estado. Declararse como perseguido político cuando se debe rendir cuentas a la justicia ordinaria no es algo nuevo en funcionarios de alto nivel del Estado.

De manera muy resumida, así fue el caso. Días antes de su huida del país, Dahik hizo frente a un juicio político en el Congreso Nacional, acusado de mal manejo de los fondos reservados del Estado, enriquecimiento personal y entrega de asignaciones presupuestarias a diputados a cambio de la aprobación de leyes. ¡Muy parecido a los arreglos hechos por la ministra Romo con el asambleísta Mendoza!

El ex vicepresidente manejó un tercio de los gastos reservados que ascendían a 66 mil millones de sucres, cifra que en esa época era «bastante planta». Según los denunciantes hubo peculado y manejo ilegal en alrededor de 19 mil millones de sucres, 1.100 millones depositados en las cuentas de sus secretarios privados, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo. La acusación fiscal estableció como autores de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito a: Alberto Dahik, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo; autores del delito de peculado: Diego Paredes Peña (ex canciller del Ecuador) y Mauricio Pinto (empresario y ex ministro de Finanzas); cómplice del delito de peculado, Juan Carlos Faidutti (ex Contralor General del Estado); encubridores del delito de peculado: Ricardo Muñoz Chávez (ex Superintendente de Bancos) y Francisco Costales (ex Subcontralor); se establecieron 287 presuntos beneficiarios (personas naturales y/o jurídicas), entre los nombres más conocidos Pablo Lucio Paredes (32.000.000,00), el diputado conservador Freddy Bravo (500.000,00), el diputado conservador Wilman Costa (91.918.000,00), el gerente del Banco Central, Augusto de la Torre (108.455.000,00), el consultor cubano Mario Elgarresta (60.400.000,00), el ministro de Industrias José Vicente Maldonado (6.000.000,00), René Maugé (6.000.000,00) ex secretario general del PCE, el ex canciller Diego Paredes, y el ex secretario de Comunicación Enrique Proaño (6.000.000,00).^[1]

Los fondos reservados, destinados para «mantener la seguridad interna y externa del país», debían ser manejados en cuentas del Banco Central, pero Dahik lo hizo en cuentas privadas en el Banco del Pacífico. Según investigaciones de la Corte Suprema, se abrieron siete cuentas en ese banco, tres a nombre de Juan Mario Crespo, dos a nombres de Gladys Merchán, una compartida por Alberto Dahik y Gladys Merchán, y una compartida por Juan Mario Crespo y Gladys Merchán. Con ese dinero se intentó comprar la radio Democracia de Quito, negocio en el que actuó como intermediario el ex canciller Diego Paredes, por este caso Alberto Dahik tuvo que devolver 25 mil dólares más los intereses, lo que implica el reconocimiento que sí se desviaron recursos del Estado.

El presidente Sixto Durán Ballén hizo todo lo posible para torpedear las investigaciones judiciales, buscó impedir que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, inspeccionara los microfilmes de las cuentas reservadas de la Vicepresidencia. Cuando se tuvo acceso a ellos, varios cheques aparecieron ilegibles, presumiéndose que intencionalmente fueron velados. Entre los cheques legibles se encontró depósitos a la constructora ConBaquerizo, empresa encargada de construir su casa en la urbanización Biblos, en Guayaquil. Más de 10. 200 millones de sucres no fueron justificados por el ex vicepresidente, ni los intereses generados en las cuentas personales abiertas con los fondos reservados.^[2]

Quince años después de que Dahik permaneció en Costa Rica, Rafael Correa pidió a la Asamblea Nacional que declare su amnistía por considerarlo perseguido político, antes hizo la misma solicitud a la Constituyente de Montecristi. Según la Constitución, la amnistía se concede por motivos políticos y los indultos por motivos humanitarios; expresamente señala que «no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública».

Ahora, Rafael Correa, Jorge Glas y una larga lista de ex funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas a la justicia penal también esgrimen el peregrino argumento de perseguidos políticos, como lo hizo y acostumbra hacer Abdalá Bucaram. Cuando Correa abogó por Dahik, seguramente estaba pensado en su propio futuro: entre bomberos no se pisan las mangueras.

Esa es una faceta de la vida de Alberto Dahik, la más conocida es la de terrorista económico.

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^[1] En 1996, Diego Cornejo Menacho escribión Crónica de un delito de Blancos, que detalla todo este proceso.

^[2] Nicolás Brito. ¿Por qué fugó Dahik y quienes lo absolvieron? http://jcelobservador.blogspot.com/2019/11/nicolas-brito-grandes-soy-un.html

(Fotografía, internet)

Y no destruyeron nada

No es difícil entender que al demonizar la protesta y a quienes la convocan, buscan golpear la imagen de las organizaciones populares y políticas que tuvieron protagonismo en el levantamiento indígena-popular del año pasado, que hoy se identifican con la candidatura presidencial de Yaku Pérez.

Por Guido Proaño Andrade

La jornada de protesta convocada para el 22 de octubre por el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular y otras organizaciones populares, estuvo precedida por una campaña de mensajes en redes sociales y pronunciamientos públicos, difundidos con la clara intención que crear una atmósfera de temor en la población y de animadversión a la protesta y a sus convocantes.

Según las advertencias, el país debía prepararse para ver cómo se destruía el centro histórico de Quito y se incendiaban iglesias; se describía el advenimiento de un escenario verdaderamente pavoroso… pero nada de ello sucedió. Las manifestaciones efectuadas prácticamente en todas las provincias se desenvolvieron con absoluta tranquilidad, miles de personas expusieron su rechazo a la política gubernamental que está al servicio de los intereses de los grandes empresarios y del capital internacional y, al mismo tiempo y en contraparte, por afectar a los sectores populares. Las mismas cifras oficiales respecto del crecimiento del desempleo, la pobreza y pobreza extrema, la disminución de los ingresos de las familias trabajadoras y las perspectivas negativas al respecto, relevan la necesidad de argumentar y dan razón a los reclamos. Pero como se ve, la crisis no afecta por igual a todos, los banqueros, los grandes empresarios mantienen sus riquezas, muchos tienen hoy más ingresos y si hay entre ellos a quienes la crisis ha afectado, es en mínima proporción.

No solo abundaron los mensajes en los que se incitaba a preparar grupos de choque para defender la ciudad, también hubo acciones específicas –por parte de la Policía y el Ejército- para crear una atmósfera de inseguridad y temor. Esquinas bloqueadas con  barreras y alambradas de cuchillas cortantes, calles fuertemente custodiadas por los grupos especiales de la Policía, control a los buses y pasajeros en los ingresos a Quito, despliegue de carros antimotines, control aéreo con drones y helicópteros presagiaban que algo grande y grave ocurriría. Quienes trabajaron para crear este ambiente tenso querían que «algo ocurra», para justificar una serie de acciones represivas y medidas políticas que, seguramente, las tenían en lista.

Detrás o al frente del plan actuaran fuerzas políticas reaccionarias y anticomunistas, jerarcas de la Iglesia Católica, el Gobierno y sus aparatos represivos, elementos bastante conocidos como peones de los aparatos de inteligencia estadounidense. El libreto que los guió no es nuevo, hace un año ya intentaron poner a la población en contra del levantamiento indígena-popular, cuando hicieron circular el rumor de que los manifestantes habían incendiado la iglesia de San Francisco, en Quito, suceso que nunca ocurrió. Pero la historia de apedreamientos e incendios a locales religiosos es más vieja; en los años 1960, las fuerzas anticomunistas –dirigidas por agentes de la CIA- ponían bombas en iglesias para echar la culpa a los comunistas. Esto no es invención, lo denunció Philip Agee en su libro «La CIA en Ecuador», en el que relata sus operaciones en nuestro país en esa época.

En los meses precedentes se han convocado y realizado varias acciones de protesta, convocadas por las mismas organizaciones, en ninguna de ellas se produjeron los «desmanes» que se vaticinaban. No es casual que los sectores más reaccionarios ahora hayan actuado así, y la explicación está en la coyuntura político-electoral que el país vive. No es difícil entender que al demonizar la protesta y a quienes la convocan, buscan golpear la imagen de las organizaciones populares y políticas que tuvieron protagonismo en el levantamiento indígena-popular del año pasado, que hoy se identifican con la candidatura presidencial de Yaku Pérez. Si así actúan, es porque el temor les tiene atrapados. 

También quieren disminuir los salarios

por Guido Proaño Andrade

Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, ha tomado la posta como vocero de quienes, por mérito propio, se han hecho acreedores al calificativo de terroristas económicos. En estos días salió a defender el plan económico presentado por el presidente Lenín Moreno bajo el nombre de Ley Humanitaria y, días después, «sugirió» que para enfrentar la situación  económica del país debería reducirse el salario básico vigente.

La gran burguesía ecuatoriana, sus economistas neoliberales y, por supuesto, el gobierno de Lenín Moreno que se encuentra al servicio de ellos y del capital extranjero, creen que es el momento para ejecutar su anhelado  programa económico fondomonetarista. No hay exageración al decir que intentan hacerlo marchando sobre los cadáveres de miles de ecuatorianos afectados por la pandemia y de otros tantos que han perdido sus empleos, han visto cómo disminuyen sus ingresos o cómo se hunden más en la pobreza.

Las declaraciones y recomendaciones de los voceros de los banqueros y los grandes empresarios, los proyectos de ley presentados en estas semanas y los anuncios gubernamentales están en la línea de los compromisos que en marzo del año pasado el gobierno suscribió con el Fondo Monetario Internacional: disminución de la masa salarial en el sector público, eliminación de los subsidios de los combustibles, reformas en el sistema tributario, reforma que flexibilice las relaciones laborales, afectación a la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Los proyectos de Ley de Apoyo Humanitario y la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas recogen varios de estos aspectos.

Para cerrar el círculo de medidas y propuestas que estrangulan a los ecuatorianos está el planteamiento de De la Torre de disminuir los salarios de los trabajadores. «Vamos a tener que hacer una reducción de sueldos en el sector público del orden del 50%. En el sector privado vamos a tener que hacer reducción de costos. El Gobierno tiene que reconsiderar que el salario mínimo de Ecuador debe equipararse al salario mínimo de Perú o Colombia, la economía no nos da», dijo De la Torre en una entrevista para Ecuavisa el pasado 24 de abril. Este criterio no es nuevo en él, en julio del año pasado, en Teleamazonas, aseguró que «la informalidad crece debido al alto salario», por lo que debería crearse tres tipos de salarios nuevos, distintos y menores al actual salario mínimo: Uno para quienes estando en «informalidad» ingresen a la formalidad; otro para los jóvenes, que ingresan por vez primera a trabajar; y, un tercero para el sector agropecuario.

La queja de los grandes empresarios respecto de los supuestos altos salarios de los trabajadores es vieja. Desde hace tiempo han intentado bombardearlo y echarlo abajo, con el supuesto de que mientras menos o ninguna regulación exista en los contratos laborales, mayores posibilidades de crecimiento de fuentes de trabajo hay. En las actuales condiciones, intentan aprovechar la enorme oferta de fuerza de trabajo existente (desempleados y subempleados) para eliminar derechos laborales y disminuir remuneraciones. La Ley Humanitaria da pasos en ese sentido.

El tema salarial no puede tener como único referente, y menos aún principal, la situación de su similar nominal en países vecinos, sino si este logra o no cubrir las necesidades básicas para la existencia del trabajador y su familia. En nuestro país está claro que el salario básico está lejos del costo de la canasta básica (USD 714), que por cierto, su alcance no otorga pleno bienestar.

Pero aún si nos remitimos a lo que ocurre con los países vecinos, la situación real no es como señalan los economistas neoliberales. Al iniciar este año el salario básico en los tres países que señalamos a continuación se presentó así: Colombia USD 269, Ecuador USD 400, Perú USD 281. El salario mínimo en Colombia se complementa con un subsidio para transporte de USD 31,6, es decir, es superior al oficialmente establecido[i].

Un primer elemento, indispensable de verlo, es cómo se ha movido el salario de los trabajadores en los últimos años. Desde 2015 hasta 2020, el salario en Colombia creció un 34%, en Ecuador el 13% y en Perú el 27%. Como puede verse, el crecimiento en Ecuador es el más bajo en la región, lo que implica que las distancias se acortan.

Existen otros indicadores que permiten apreciar mejor lo que ocurre en este aspecto. Uno de ellos es la remuneración fijada y el ingreso disponible para los trabajadores, que es el monto que resulta luego de descontar los pagos a la seguridad, aportes pensionales, impuestos directos. Para una más fácil comprensión del asunto, tomaremos un supuesto salario referencial de USD 1000 mensuales. Bajo esas condiciones, el ingreso disponible del trabajador se presenta así: Colombia USD 910, Ecuador 906, Perú USD 860. Eso significa que el salario referencial se reduce el 9% en Colombia, el 9,45% en Ecuador y el 14% en Perú.[ii]

La queja de los empresarios pierde aún más razón cuando establecemos los recargos sobre la nómina salarial: bonos, primas, vacaciones, etc. En Colombia, dependiendo del sector, va entre el 54,4% y el 58,4%, en Perú el 50% y en Ecuador el 41,3%[iii]. Así va develándose que la «distancia» de los salarios ecuatorianos con los que se paga en los países vecinos no es como lo pintan. También podríamos explicar este aspecto señalando que en los otros países los aportes de la patronal a los beneficios del trabajador son mayores que aquí.

En el país se argumenta que la legislación laboral «no permite ser competitivos» en el mercado internacional. Para establecer el grado de competitividad se debe establecer el costo laboral por bien producido (costo unitario), en el que intervienen el costo laboral por trabajador (costos salariales y no salariales) y el producto del trabajador (productividad del trabajo). La burguesía busca alcanzar la competitividad disminuyendo los costos laborales por trabajador a través de la reducción de los salarios, de los beneficios laborales y en ocasiones eliminando algunos de ellos, y no con políticas de inversión y desarrollo tecnológico para incrementar la productividad.

Sin embargo, ese argumento pierde razón cuando miramos los costos laborales promedio por hora en la industria manufacturera, pues, resulta que en Ecuador el costo por hora es el más bajo: Colombia USD 2,68, Ecuador USD 2,37, Perú USD 2,53. Los empresarios no explican cómo países como EEUU, Francia, Canadá o Japón, con costos laborales mucho más altos (23,65; 24,63; 23,82; 21,76 respectivamente) tienen mayor competitividad.[iv] Y no lo explican porque eso les obligaría hablar de inversiones, riesgos, períodos más largos para recuperar inversiones, etc. El parasitismo de la burguesía está muy bien identificado.

La disminución de los costos laborales tiene un efecto negativo para la economía del país, porque provoca la reducción de la capacidad adquisitiva de las personas, la disminución o estancamiento del consumo y de la demanda interna, se desacelera la inversión y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que producen para el mercado interno. Idéntico efecto provoca la elevación del IVA propuesto por los mismos economistas neoliberales.

El salario debería establecerse como medida de trabajo y de consumo, pero en el capitalismo está determinado por las necesidades de acumulación del capital y expresa la situación en la que se encuentra la clase obrera. Una de las tantas irracionalidades del capitalismo se expresa en él, cuando los propietarios de los medios de producción asumen un poder especial sobre la utilización del trabajo al determinar cuánto pagan, el tipo de jornadas, etc. De esa manera se produce una expropiación del trabajo, de ahí que para recuperar el trabajo la clase obrera debe abolir los elementos que provocan esa expropiación: la propiedad privada sobre los medios de producción.

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[i] ¿Cuánto es el salario mínimo en los países de América? https://gestion.pe/economia/cuanto-es-el-salario-minimo-en-los-paises-de-america-peru-soles-venezuela-bolivares-estados-unidos-dolares-argentina-colombia-mexico-pesos-fotos-nndc-noticia/

[ii] Ver: Remuneraciones, costos extrasalariales y renta imponible en los países andinos. Lima: OIT, Oficina de la OIT para los Países Andinos https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_654078/lang–es/index.htm

[iii] Ibid

[iv] Fuente: Bureau of Labor Statistics, Department of Labor, USA.

Solidarios ¿con quién?

por Guido Proaño Andrade

El contenido de las medidas planteadas por el Gobierno en la denominada Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria ratifica aquello que en el manejo de los temas  económicos priman los asuntos políticos y no los técnicos, pues, estos últimos se definen y ejecutan para abrir los causes que materializan las concepciones ideológico-políticas.

Las cosas están sumamente claras. El gobierno se propone una recaudación de recursos financieros a través de lo que ha denominado «contribuciones únicas y temporales» sobre los ingresos netos mensuales de las personas naturales y sobre las utilidades de las empresas. El monto a recaudar  asciende a USD 1.418 millones, de los cuales, en números redondos, USD  900 millones será el aporte de los trabajadores y empleados del sector privado y público, y, USD 500 millones provendrán del sector empresarial, de aquellas empresas cuyas utilidades superen el millón de dólares al año, para lo cual se tomará en cuenta el año fiscal 2018. Si miramos en porcentajes, los trabajadores y empleados del país aportarán con el 64% del total esperado, mientras que los grandes empresarios lo harán con el 36%. Esto pone en blanco y negro quiénes cargarán con el peso de la crisis.

Tomamos tres elementos referenciales de cómo se encuentra concentrada la riqueza en el país y así demostrar la absoluta injusticia que se está cometiendo:

1. Para el año 2016 se hablaba de la existencia de 215 Grupos Económicos, con un nivel de ingresos equivalente al 58,63% del Producto Interno Bruto.
2. En el año 2017, el 20% de los hogares más ricos concentraba cerca del 70% del valor total de activos físicos y financieros.
3. Según la Superintendencia de compañías, a diciembre de 2018 se registran 70.346 empresas, clasificadas de la siguiente manera: 39.802 microempresas, 20.296 pequeñas, 7.198 medianas, 3.050 grandes. Los activos totales de todas llega a 121.198 millones de dólares y su patrimonio a 53.368 millones, pero las grandes empresas concentran una mayor participación con el 69,5% y 68,7% respectivamente. Sin embargo la concentración va más allá de los activos y patrimonio, se refleja en las utilidades e ingresos generados, pues, “el 90,3% de las utilidades generadas en 2018 están concentradas en las grandes empresas que, en número no son más del 4%; situación similar con los ingresos que están concentrados en un 80% del total”, según Luis Tobar Pesántez, Director de la Carrera de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana, de Cuenca. Si esto no está claro, digamos entonces que las 50 empresas más grandes del Ecuador, en el 2018, obtuvieron 2.399 millones de dólares en ganancias.

Con esas premisas, por donde se le vea, la Ley de Moreno-Martínez no refleja el sentido de proporcionalidad y solidaridad que tanto pregonan. No solo por el bajo monto y porcentaje del «aporte» de los banqueros y grandes empresarios en relación a sus ganancias, también por las reformas laborales planteadas que van más allá del carácter económico urgente del proyecto, lo que hace a la ley ilegal. Ninguna de esas grandes empresas quebrará si, por ejemplo, se establece una aporte equivalente al 15 o 20% de sus utilidades.

Se intenta aprovechar esta crisis para introducir en la legislación laboral reformas promovidas desde hace meses por los grandes empresarios, que fueron uno de los motivos para el levantamiento indígena popular de octubre del año anterior.

Son reformas que buscan abaratar el costo de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, permiten incrementar las ganancias de quienes la explotan. Las características de los contratos, de las jornadas y horarios de trabajo acaban con la estabilidad laboral y eliminan en los hecho el Salario Básico. Bajo esas condiciones, los trabajadores no llegarían a cubrir ni siquiera el 50% de la canasta básica familiar, que para marzo se ubicó en USD 714. En el sector público las remuneraciones quedarán recortadas en un 10%. Está demás decir que las reformas también provocarán el incremento de la pobreza.

Los grandes empresarios (entre ellos los banqueros) entregarán muy poco al fisco para la crisis sanitaria y, de aprobarse la ley, contarían con mecanismos que les permite una pronta recuperación de lo que en estos días dejaron de producir y ganar y quedarían con una legislación laboral, para cuatro años, que incrementará los niveles de explotación laboral y elevará las tasas de ganancia. Si no eluden, como es práctica común, pagarían alrededor del 50% de lo que se beneficiaron con la remisión tributaria aprobada en 2018 (USD 987 millones).

Desde el movimiento popular y de las organizaciones políticas de izquierda se ha planteado que sí es posible obtener recursos económicos sin afectar a los sectores populares, para hacer frente a las urgentes necesidades surgidas por efecto de la pandemia. La lógica es inversa a la que el gobierno y los dueños del capital están ejecutando: Se debe poner por delante la defensa de la vida del pueblo; actuar bajo el criterio de que quienes más tienen deben aportar más, en correspondencia con sus capacidades económicas; y, adoptar una actitud soberana frente a la deuda externa, declarando su moratoria hasta que el país recobre estabilidad económica.

Estas propuestas confirman lo que se dice en las primeras líneas de este texto: la orientación política define el contenido de las medidas económicas. Se defiende al capital extranjero y a las grandes fortunas o se defiende la vida de los trabajadores y el pueblo.